Aleix Valls (Mobile World Capital): “A la Constitución le falta el capítulo del ciudadano digital”

Aleix Valls es el actual consejero delegado de la Fundación Mobile World Capital, una institución que ayuda a las empresas a entender la transformación tecnológica. El directivo, considerado uno de los gurús tecnológicos del país, cuestiona el poder que ha perdido el regulador a la hora de controlar la actividad de las empresas tecnológicas; el impacto del concepto la propiedad digital, global y fronterizo; y pone sobre la mesa el debate ético que se despierta frente a las últimas innovaciones tecnológicas.

Pregunta: Para 2020 se han anunciado muchas innovaciones tecnológicas: el fin del roaming, la llegada de la tecnología 5G, los taxis voladores de Uber… ¿Es realmente factible?

Respuesta: El 2020 se ha transformado, por su singularidad, en una fecha mítica que muchos se han marcado en el horizonte. Creo que decir 2020 es querer demostrar la intencionalidad de estos proyectos, que esperan que dentro de poco sea una realidad. El proyecto de los coches voladores de Uber, por ejemplo, estoy seguro de que sí es factible.

P.: Cuesta imaginar que, con los problemas que tiene Uber para circular por la calle, pueda sobrevolar los cielos…

R.: Durante la presentación no hicieron ningún zoom en lo que iba a ser el marco regulatorio. Entraron en el detalle de la tecnología, no tanto en cuánto valdrá ni en cómo iba a funcionar. Pero sí que hay ciudades que ya están aceptando estos proyectos, como Dubái. Aunque es cierto que la ciudad cuenta con una singularidad y es que es emirato con un ruler, que es el Sheikh y que puede tomar la decisión de cambiar las normas cuando desee. En Estados Unidos, China o en el continente europeo seguramente habrá otro tipo de legislación.

P.: ¿Y en España que legislación regula estas innovaciones tecnológicas?

R.: Este proceso de innovación digital conlleva planteamientos interesantes porque, al final, las empresas que utilizan la tecnología son capaces de replantear los modelos de negocio tradicionales. A día de hoy, estos negocios cuentan con un extenso marco regulatorio que se ajusta muy bien a cómo se ha hecho el negocio durante toda la vida, pero con la irrupción de la innovación se cuestiona la cadena de valor. Aparecen nuevas formas de hacer ese negocio, nuevas formas de interacción entre los usuarios. Esto provoca que la regulación existente se cuestione automáticamente de la noche al día. Un ejemplo típico es la economía colaborativa, que te permite comprar u ofrecer servicios como individuo que sustituyen al negocio tradicional. Por ejemplo, existen aplicaciones que te permiten cocinar en casa y vender la comida como si fuera un restaurante. Pero, por ejemplo, si yo vengo a tu casa, nadie me garantiza que los alimentos sean frescos o que tengas un carnet de manipulador de alimentos, igual que tú no puedes controlar que yo te pague o no me comporte. ¿Qué ocurre si esto no funciona? Estas actividades existen, ¿pero cómo se regulan?

“Con las empresas tecnológicas, la regulación existente se cuestiona de la noche al día”

P.: Entonces, ¿qué puede hacer el regulador?

R.: La transformación digital o lleva a cuestionarte cuál es la forma en la que el regulador también debe transformarse digitalmente para poder regular esta actividad.

P.: ¿El regulador está preparado para asumir la velocidad de esta transformación digital?

R.: Igual que lo tendrían que estar las empresas de automoción, las de comunicación y publicidad… ¿Estamos preparados para la transformación digital? La experiencia nos demuestra que, habitualmente, se aprende a hostias, que no le puedes poner puertas al campo. Está claro que estos nuevos negocios existen, ahora se trata de ver cómo el regulador cambia su forma de regularlo. Lo que seguro no funcionará es pensar que son otro modelo más dentro de los sectores tradicionales y que hay que aplicarles los mismos marcos regulatorios.

P.: ¿Serán necesarios nuevos perfiles digitales para darle forma a esta regulación?

R.: Sí. Llevado al extremo, la carta última que recoge los derechos y las obligaciones de un país es su Constitución, donde existe un concepto muy sofisticado como el concepto de la propiedad. Nos ha llevado más de 2.000 años de evolución poder definir lo que es el concepto de propiedad privada y, sin embargo, a día de hoy, ya generamos propiedad digital. Faltan páginas. Uno de los retos que tiene el regulador es añadir estas páginas que faltan en esta nueva dimensión económica de sus ciudadanos. Imagina que compras un banco de canciones por 25 millones de euros, por poner un ejemplo. Pero, el día que te mueras, ¿qué ocurrirá con estas canciones que, en teoría, son tuyas? ¿Qué derecho sucesorio se aplicará? ¿Qué potenciales impuestos se aplicarán sobre el dinero que te has gastado? Cuando hablamos del regulador falta ir al principio de todo, a la ley orgánica de la que emanan todas las leyes, a la Constitución. Y a esta le falta el capítulo del ciudadano digital.

P.: ¿Cuánto tiempo tardaremos en tener este capítulo?

R.: El problema de este capítulo es que lo digital es global y transfronterizo. Siguiendo con el ejemplo de propiedad, si me compro un coche en Barcelona la matriculo en España. Este se puede mover pero tiene un concepto de dónde se ha comprado y dónde tributa. Pero, en el caso de las canciones, ¿dónde las compras? En Amazon. ¿Miraremos en qué servidor estaban guardadas en ese momento para tributar sobre ello? No tiene sentido. Cuando hablamos de lo digital, el concepto de territorialidad y país es muy borroso.

P.: Partiendo de que Internet traspasa fronteras…

R.: No es sólo el concepto de que Internet traspase fronteras. Es el concepto de que tu experiencia digital no nace vinculada a un concepto geográfico. Si lo que piensas es que, como esto ocurre en tu territorio, sigues aplicando las leyes de tu territorio, puedes intentar hablar con tus vecinos europeos y lanzar una regulación similar. Pero sólo será efectiva en Europa. Si utilizas Alibaba, ¿qué ley te amparará? Este es el reto, la transformación digital modifica enormemente la capacidad que tiene el regulador de regular porque ha perdido muchos de los elementos tradicionales que le permitían hacerlo, como la territorialidad. Otra cosa que le ha pasado al regulador es que ha perdido la propiedad de muchas de las infraestructuras económicas que están desarrollando la actividad y el Producto Interior Bruto de muchos países.

P.: ¿A qué se refiere?

R.: En otras revoluciones tecnológicas, estas tecnologías necesitaban dos elementos para tener un impacto: el permiso para actuar en el territorio y la financiación del Gobierno para ser suficientemente capilares y convertirse en un cambio real, como ocurrió con el Ave. Al Gobierno le era muy fácil regular porque era propietario o copropietario de la infraestructura. Con Internet, esto ha cambiado. Ahora, las infraestructuras de las compañías del siglo XXI son Facebook, Google, Twitter o Uber, que son privadas. Por tanto, no tiene ningún poder sobre las condiciones de la empresa o su forma de hacer negocios porque no está en su territorio y no ha necesitado ninguna inversión millonaria pública por parte del Gobierno para convertirse en lo que es.

P.: ¿Entonces al regulador sólo le queda poner restricciones?

R.: Cuando esto pasa, ya no puedes decir sí o no, sólo decir: ¿cómo lo hacemos? Por ahora aún nos encontramos con la reacción del regulador, que dice que no. Pero es cuestión de tiempo. La reacción inteligente es ver cómo se ponen de acuerdo para que las empresas tecnológicas, gestoras de estas infraestructuras, beneficien el PIB. Países como Dinamarca ya han empezado a hacerlo con figuras como el Embajador Digital, que se encarga de buscar este cómo.

“Daimler ha anunciado que sus coches autónomos salvaran a sus pilotos”

P.: Con esta situación parece que es la empresa tecnológica quién tiene la sartén por el mango…

R.: Puede parecerlo. Es cierto que algunas empresas de Internet han conseguido cierta posición de monopolio, pero considero que, con el tiempo, esto se acabará diluyendo y el uso de estas tecnologías se acabará democratizando.

P.: Al margen de la regulación de estas empresas, también se habla sobre la ética en las nuevas innovaciones. Usted mismo puso un ejemplo al cuestionar a quién salvará un coche autónomo en el caso de un accidente, si al comprador o al viandante. ¿Quién y cómo decide este código ético?

R.: Sí, Daimler ya ha anunciado que sus coches autotripulados salvarán a los conductores antes que a los peatones. Algo que tiene sentido, puesto que ellos quieren vender coches.

P.: ¿Pero qué autoridad tiene la empresa para decidir algo así?

R.: En la ausencia de un debate ético, las empresas están tomando estas decisiones. La cuestión es si nosotros, como sociedad, debemos abrir este debate ético y reescribirlo. Muchos años atrás ocurrió algo similar con la oveja Dolly, la primera que se clonó y que abrió un gran debate ético sobre la genética y el ser humano. Fue uno de los últimos grandes debates éticos que acabó derivando en un código para definir los límites de la genética sin perjudicar la innovación. ¿Esto quiere decir que la hayamos parado? No. Ahora, con la inteligencia artificial tocaría abrir otro debate público en el que participen el regulador, la empresa y los expertos para pensar cuál es el código ético que debemos aplicar a esta tecnología, sin bloquear la innovación. De momento no está pasando, la única gran conclusión a la que hemos llegado en este ámbito es el botón de la muerte del robot para desconectarlo rápidamente.

P.: ¿La sociedad está suficientemente educada como para entender este tipo de resoluciones?

R.: Yo creo que no, pero no debemos subestimar la inteligencia de la gente. Los foros de debate tienen que promoverse, se necesitan este tipo de debates. Si no, otro tomará las decisiones por nosotros. El otro día leía a un pensador que comentaba que, quizás, la última solución a todo esto sería frenar la innovación. Él proponía pararse, pensar en ello y definir las reglas del juego.