Airbnb: contra las cuerdas por la regulación tras una década de disrupción

Airbnb acaba de soplar las velas de su décimo aniversario en agosto, pero es probable que el pastel se le haya atragantado entre su conflicto con el Ayuntamiento de Nueva York, los requerimientos de Hacienda en España y la amenaza de París de multarla con sanciones millonarias si no vigilan los anuncios ilegales. Y estos son sólo algunos de los conflictos que arrastra la empresa.

El grupo tiene muchos frentes abiertos y, de momento, parece que más enemigos que amigos en las esferas de poder. Airbnb acaba de denunciar al Ayuntamiento de la ciudad de Nueva York por considerar que la ley mediante la cual le obliga a recopilar los datos de sus usuarios es ilegal. Desde la empresa han acusado al consistorio de ser “una subsidiaria de la industria hotelera”.

La empresa también tiene un objetivo claro: salir a bolsa en el medio plazo. Antes, no obstante, debe ser capaz de apuntalar su crecimiento y encontrar vías de colaboración con las autoridades de las ciudades donde opera.

Desde su fundación hasta la fecha, Airbnb ha entrado en más de 191 países y, en la actualidad, aloja más de 486.000 anuncios en su plataforma, según los datos de OpenDataSoft. De estos, 45.844 se encuentran en España: 17.653 en Cataluña, otros 14.800 en Islas Baleares y otros 13.330 en Madrid. En su última ronda de financiación, la empresa recaudó mil millones de dólares (856 millones de euros) con una valoración post-money de 31.000 millones de dólares (26.536 millones de euros).

Airbnb está valorada en más de 31.000 millones de dólares

El respaldo de sus inversores choca de frente con la reacción de muchos de los Ayuntamientos de las ciudades en las que opera. Sólo en el último año, Airbnb ha visto como las autoridades parisinas levantaban las barreras frente al auge de la empresa: todas las viviendas que se publiciten en la plataforma deben contar con un número de registro y como máximo pueden alquilarse 120 noches.

Desde principios de año, las autoridades francesas han impuesto multas por más de un millón de euros a los arrendadores que no hayan cumplido con alguno de estos dos requisitos. Ian Brossat, teniente de alcalde de vivienda de París, ha amenazado a Airbnb con sanciones millonarias si no toma medidas para evitar los alquileres ilegales en su plataforma. París, seguida de Londres y Berlín, es la primera ciudad de Airbnb por número de alquileres.

La reacción de la ciudad, por tanto, no es un tema a tomarse a la ligera. Quizás por ello, el grupo ha empezado a buscar alianzas en el negocio del real estate, como es el caso de Century21. La asociación permite los subarriendos turísticos y, según el presidente de la agencia, Laurent Vimont, no aporta más presión al mercado inmobiliario porque fomenta el alquiler de bienes ocupados.

La presión sobre el mercado inmobiliario ha sido, de hecho, uno de los motivos que han esgrimido muchos reguladores para pararle los pies a Airbnb. El incremento de precios ha sido uno de los argumentos del Ayuntamiento de Madrid a la hora de defender la suspensión durante un año de la concesión de licencias para todos los tipos de alojamiento turístico del centro de la capital y a algunos inmuebles de la periferia (aquellos gestionados por proveedores profesionales y que requieren de licencia para operar).

“Si bien se ha registrado un aumento generalizado de los precios de la vivienda en España en los últimos años, ello se debe a una confluencia de factores económicos, entre los que cabría incluir el uso turístico, pero es difícil discernir en qué medida han contribuido cada uno de esos factores”, defiende la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) en el Estudio sobre la regulación de las viviendas de uso turístico en España.

La convivencia con los turistas ha sido también un asunto controvertido que ha acompañado de cerca al crecimiento de Airbnb. En 2015, Barcelona aprobó una moratoria en la concesión de licencias de alojamientos turísticos por el periodo de un año con el objetivo de “garantizar la convivencia entre vecinos y turistas”.

El grupo estadounidense ha retirado más de 3.000 pisos turísticos ilegales por orden del Ayuntamiento de Barcelona

El pasado mayo, el Ayuntamiento de Barcelona instó a Airbnb a retirar un total de 2.577 pisos turísticos ilegales. Un año antes, el grupo había retirado más de mil pisos ilegales. Como respuesta a ello, la compañía lanzó una nueva herramienta de datos que facilita al consistorio la identificación de los pisos que no estén cumpliendo con las normas locales.

La Cnmc también se ha posicionado en contra de la creencia de que los problemas asociados al aumento del turismo (como pueda ser la congestión en las ciudades, el consumo de recursos medioambientales o los ruidos) sea un problema únicamente vinculado a Airbnb. “Estas externalidades no son exclusivas de las viviendas turísticas, ya que se producen por cualquier turista, independientemente del modo de alojamiento en el que se hospede”, indica el organismo.

Airbnb sigue luchando por amoldarse a las normas de cada ciudad. En Ámsterdam, el límite de noches que pueden ofrecer los arrendadores a través de la plataforma se ha reducido a treinta noches. En Japón, el grupo se ha visto obligado a eliminar el 80% de las viviendas anunciadas debido a la nueva ley de alquiler de viviendas particulares, que entró en vigor el pasado 15 de junio.

Brian Chesky, fundador de Airbnb, tiene claro que será una lucha larga, pero no parece tener intención de rendirse. “En 2010, pensé que iba a ser cuestión de un año; en 2011 dije que se alargaría unos pocos años más -aseguró Chesky en Code Conference el pasado mayo-; en 2018, veo que el reto durará más que unos cuantos años”.