Elon Musk emprende un desmantelamiento masivo de la burocracia federal bajo el apoyo de Donald Trump
Elon Musk, respaldado por Donald Trump, lanza un audaz ataque contra la burocracia federal, generando una alarmante crisis constitucional en Estados Unidos.
El historiador Timothy Snyder ha hablado de un "golpe", mientras que el premio Nobel de Economía, Paul Krugman, se refiere a él como un "intento de autogolpe". El politólogo de la Universidad de Michigan, Don Moynihan, ha calificado la situación de "toma hostil de la maquinaria del Gobierno". Estas expresiones reflejan el consenso de alarma en torno a las acciones de Elon Musk y su equipo, que, con el apoyo de Donald Trump, están llevando a cabo agresivas incursiones en el Gobierno de Estados Unidos, sumiendo al país en una crisis constitucional.
Musk, conocido como el hombre más rico del mundo y dueño de empresas como Tesla, SpaceX y Starlink, ha sido encargado por Trump de desmantelar una gran parte de la burocracia federal. Esta tarea ha sido organizada a través de una entidad llamada Departamento de Eficiencia en el Gobierno (DOGE), creada desde el primer día en el Despacho Oval. Sin embargo, esta entidad no se integra en los mecanismos tradicionales de control y supervisión gubernamental, lo que ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia y rendición de cuentas.
En solo 20 días, Musk ha empezado a cumplir su misión con una velocidad y efectividad sorprendentes. Su equipo, compuesto por unas 40 personas, incluyó a varios jóvenes sin experiencia previa en el gobierno, y ha comenzado a desmantelar agencias federales, siendo USAID una de las primer dianas. Este proceso ha implicado ataques al acceso a información clasificada y severas represalias hacia quienes se resistieron a colaborar, culminando en el cierre de la sede de la agencia.
La intervención de Musk no se limita a USAID. También ha lanzado un esfuerzo por aplicar recortes en todo el cuerpo de funcionarios federales, enviando un mensaje que recuerda a los empleados de Twitter: una encrucijada con la elección de seguir su agenda o aceptar bajas anticipadas. A pesar de que decisiones judiciales han frenado ciertos despidos, la incertidumbre y el caos han comenzado a extenderse.
Uno de los aspectos más problemáticos es el acceso que Musk y su equipo han tenido a los datos del Gobierno, incluyendo información personal de funcionarios y ciudadanos. A raíz de ello, un juez federal ha restringido temporalmente este acceso y ordenado la destrucción de datos recopilados, aunque la respuesta del equipo de Musk sobre si acatará esta orden es incierta.
Con la despido de inspectores generales y el acceso a información sensible, muchos se cuestionan el estatus legal de Musk, quien ha sido designado como "empleado especial del Gobierno". Este estatus le exempta de ciertas obligaciones éticas y podría permitirle tomar decisiones que beneficien sus intereses personales y empresariales.
Las preocupaciones sobre la "captura del Estado" son generalizadas, ya que las acciones de Musk parecen influir en decisiones políticas y en la asignación de fondos públicos para beneficio propio, así como de sus asociados ideológicos. Aunque muchos republicanos se muestran cautelosos, una docena de senadores conservadores han expresado sus objeciones a la Casa Blanca en privado.
Los expertos advierten que la falta de controles sobre Musk y su equipo es un claro indicativo del deterioro de las instituciones democráticas. Según el profesor de Derecho Constitucional Corey Brettschneider, las acciones de Musk desafían abiertamente la Constitución de EE.UU., ya que está tomando decisiones sobre el presupuesto sin la aprobación del Congreso, lo que podría resultar en un desacato directo a las órdenes judiciales y un desafío al poder legítimo del Congreso.
La crisis constitucional que se vive actualmente no es una posibilidad hipotética; es algo que está ocurriendo en tiempo real, conforme los estadounidenses observan cómo el Ejecutivo se elude de los requisitos fundamentales de la Constitución.