Telefónica recurre al Supremo para reclamar que otros seis operadores contribuyan al Fondo nacional del servicio universal
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de la operadora española, en el que solicita que el Fondo nacional del servicio universal en el ámbito de telecomunicaciones sea sufragado por otras seis operadoras en los ejercicios anteriores a 2014.
Continúa el conflicto entre Telefónica y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc). El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación de la operadora española, que reclama que el peso de financiar el Fondo nacional del servicio universal en el ámbito de telecomunicaciones de los ejercicios anteriores a 2014 no recaiga sólo en manos de Telefónica, Vodafone y Orange.
La empresa que preside José María Álvarez-Pallete exige en su recurso, al que ha obtenido acceso La Información, que se aplique lo establecido en la nueva Ley General de Telecomunicaciones aprobada ese mismo año. Esta normativa determina que “aquellos operadores que obtengan por la explotación de las redes o la prestación de servicios de comunicaciones electrónicas unos ingresos brutos de explotación anuales superiores a cien millones de euros” deberán contribuir al fondo nacional del servicio universal.
Un año después de su aplicación, en 2015, la Cnmc decidió que serían Telefónica, Telefónica Móviles, Vodafone y Orange quieren sufragaran este fondo por el ejercicio 2011. La operada señala que la decisión de la Cnmc partió de la antigua normativa (de 2003) que ya había sido derogada, y solicita que se aplique la nueva. Telefónica recurrió el acuerdo de la Cnmc a la Audiencia Nacional, sin éxito.
Con esta, Telefónica defiende que otros seis operadores deberían aportar recursos al Fondo nacional de servicios universal para el ejercicio 2011. De hecho, la aplicación de la nueva normativa se vio reflejada en el reparto que se realizó para el ejercicio 2014, cuando otras diez empresas (Ono, Jazztel, Yoigo, BT España, Euskaltel, Retevisión, Colt Telecom España, R Cable, Telecable y Lycamobile) se vieron obligadas a contribuir.