Cambios en el sector audiovisual: España deberá modificar la normativa antes de 2019
La nueva directiva sobre el sector audiovisual de la Unión Europea obligará a España a darle una vuelta a la Ley Audiovisual. La nueva normativa deberá estar lista antes de 2019 para evitar una sanción por parte de Bruselas.
Se avecinan cambios en el sector audiovisual en España. Tras la aprobación de la nueva Directiva Audiovisual en el Parlamento comunitario, la Comisión Europea inicia el debate sobre la nueva normativa, que se prevé que sea aprobada a finales de 2017 y que contempla medidas como el aumento del 20% al 30% de la cuota de contenidos europeos en plataformas como Netflix.
Pero la revolución no termina aquí. Todos los estados miembros de la Unión Europea deberán adoptar la normativa antes de que finalice 2018 o, como plazo máximo, a inicios de 2019, según El Español. Algunas de las propuestas que vienen bajo el brazo de esta nueva ley son una nueva normativa publicitaria, la adaptación de las obligaciones a los nuevos operadores de Internet y la regulación de las plataformas de distribución de vídeos.
Esto implicará que el Gobierno español repase en detalle la actual Ley General de Comunicación Audiovisual, que no ha sido modificada desde 2010. Esto implicará que el Ejecutivo se siente con todos los operadores para negociar la nueva normativa y que mire con lupa todas las demandas que el sector ha ido acumulando en los últimos años.
Algunos de los temas candentes que deberán revisarse, según los afectados, son la garantía de la estabilidad jurídica de las televisiones, el modelo de ayudas a la producción audiovisual o el sistema de financiación de RTVE (con medidas como la flexibilización de los patrocinios culturales o la búsqueda de nuevas formas de financiación de publicidad), entre otras medidas.
La modificación de la Ley Audiovisual también coincidirá con el inicio de la concesión del segundo dividendo digital y podría ser uno de los motores de la creación de un Grupo Europeo de Entidades de Regulación, que se encargaría de delimitar las competencias de los reguladores audiovisuales. De momento, estas competencias recaen en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc).
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