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19 Nov 202412:40

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Competencia pone la lupa sobre las CCAA para que respeten la competencia con la regulación de las VTC

30 Oct 2018 — 15:14
Kippel01
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) ha acordado con las diferentes autoridades de competencia autonómicas mantener una estrecha vigilancia sobre la regulación que los gobiernos regionales dicten en relación a las VTC.

Competencia pone la lupa sobre las CCAA para que respeten la competencia con la regulación de las VTC

 

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (Cnmc) vigilará que las comunidades autónomas cumplan con las leyes de competencia cuando regulen la actividad de las VTC. Así lo ha acordado el organismo con las autoridades de competencia económica en una declaración conjunta.

 

Según este, Competencia y el resto de organismos asegura que busca “poner de manifiesto la conveniencia de que toda la regulación autonómica y local que se adopte en el ejercicio de las competencias derivadas del Real Decreto-ley 13/2018, de 28 de septiembre, se someta a informe previo de las autoridades de competencia”.

 

La declaración de la Cnmc llega unos días después de que el Gobierno decidiera aprobar el Real Decreto Ley que permitirá, además de regular ciertas condiciones como precios, recorridos o horarios, decidir si limitan o suprimen el número de licencias VTC en los recorridos urbanos. Esta se tramitará como proyecto de ley, por lo que es probable que se produzcan enmiendas.

 

 

 


 

“La adopción de cualquier limitación o restricción […] deberá venir precedida de una ponderación de los intereses generales que se pretenden salvaguardar con tal restricción y aquellos otros intereses derivados de un funcionamiento competitivo de los mercados”, señala el documento.

 

La Cnmc ya ha recurrido ante el Tribunal Supremo las dos últimas regulaciones realizadas sobre las VTC, tanto la que fijó la proporción de uno a treinta licencias como la que prohibió vender licencias hasta dos años después de su obtención. Esta última medida del Gobierno, sin embargo, no podrá ser elevada al Alto Tribunal por tener rango de Real Decreto Ley.

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