Fomento traspasa a las CCAA la regulación de licencias VTC pero añade una moratoria de cuatro años

Victoria agridulce para el sector del taxi. El Consejo de Ministros ha aprobado finalmente el Real Decreto Ley que permite a los ayuntamientos de cada comunidad autónoma regular las licencias de vehículos de alquiler con conductor (VTC), tanto en el número de permisos como en la normativa que deberán seguir.

La medida pone en jaque la actividad de empresas como Cabify o Uber, que operan con flotas de vehículos con permisos VTC y que quedan totalmente a merced de la normativa local de cada comunidad. Las claves de la medida son dos: por una parte, el Gobierno deja en manos de los ayuntamientos la posibilidad de suprimir licencias VTC, y por otra parte, los gobiernos regionales y consistorios pueden regular la prestación de servicios de empresas como Uber.

En el primer caso, el Gobierno ha decidido incluir una moratoria que impide que se aplique la limitación de licencias VTC por parte de los ayuntamientos. La medida tiene como objetivo evitar una batalla legal contra el Ministerio de Fomento, ya que se concibe como una indemnización en tiempo para que los actuales propietarios de las VTC amorticen sus inversiones, recoge Europa Press.

Los VTC contarán con un plazo de cuatro años hasta que los ayuntamientos puedan limitar el número de licencias

Pasado este tiempo, las más de 11.200 licencias VTC que operan en España perderán su capacidad de dar servicios de ámbito urbano hasta que no obtengan un segundo permiso local. Los propietarios, además, no podrán exigir responsabilidad patrimonial a la administración, salvo en algunos casos en los que podrán reclamar una indemnización complementaria si pueden demostrar que estos cuatro años no son suficientes.

En el segundo caso, y una vez el Real Decreto Ley reciba luz verde en el Congreso de los Diputados, los VTC deberán someterse a la normativa de cada ayuntamiento, que podrá decidir si aplica reglas similares a las del taxi sobre este tipo de vehículos, desde restricciones a la circulación hasta horarios de servicios. Las licencias pendientes de conceder por el Tribunal Supremo también contarán con este periodo de cuatro años para poder amortizar su inversión tras la sentencia firme del Supremo.