La reforma fiscal del Gobierno incluye bonificaciones para alquileres asequibles
El Gobierno español propone prohibir la compra de propiedades por extranjeros no residentes en la UE, buscando frenar la especulación inmobiliaria y fomentar el acceso a la vivienda.
El Gobierno español, liderado por el presidente Pedro Sánchez, ha anunciado su intención de presentar una reforma en el Congreso de los Diputados para prohibir la compra de propiedades en España por parte de extranjeros no residentes en la Unión Europea. Esta medida busca abordar las preocupaciones sobre la especulación en el mercado inmobiliario, tras el hecho de que más de 27.000 propiedades fueron adquiridas por no residentes en el país, principalmente con fines especulativos.
Durante la clausura del foro 'Vivienda, quinto pilar del Estado de bienestar', Sánchez subrayó la necesidad de asegurar que la inversión extranjera sea productiva y genere empleo, en lugar de ser utilizada como un activo financiero. En este contexto, el Gobierno también ha delineado una 'macroreforma' fiscal que incluye bonificaciones para propietarios que alquilen a precios accesibles y penalizaciones para los grandes fondos de inversión que especulan con inmuebles.
Entre las doce medidas propuestas, se destaca la transferencia de más de 3.300 viviendas y casi 2 millones de metros cuadrados de suelo residencial a una nueva Empresa Pública de Vivienda, con el objetivo de construir alquileres sociales. Esta entidad también tendrá un derecho de tanteo y retracto para adquirir viviendas y terrenos en el mercado libre, buscando aumentar el acceso a la vivienda pública.
Asimismo, se contempla que los propietarios que alquilen a precios máximos establecidos disfrutaran de una exención del 100% en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) si los inquilinos son menores de 35 años. Esta iniciativa se complementará con un sistema de garantías públicas para proteger a los propietarios que opten por alquileres asequibles.
Por otro lado, el Gobierno está estudiando cambios en el régimen fiscal de las socimis, condicionando sus ventajas tributarias a la promoción de vivienda en régimen de alquiler. También se plantea que las viviendas destinadas al turismo sean tratadas como un negocio, lo que implicaría la aplicación del IVA en áreas con escasez de vivienda asequible o saturación turística. Para facilitar el control de las viviendas turísticas ilegales, se creará un fondo que permitirá a los gobiernos autonómicos y locales reforzar sus equipos de inspección.