Trump quiere denegar la entrada de China Mobile en Estados Unidos

El boicot de Donald Trump a las compañías chinas persevera. El Gobierno estadounidense quiere denegar una licencia para operar al grupo de telefonía móvil China Mobile, alegando motivos de seguridad nacional. La situación se produce en plena tensión comercial entre Washington y Pekín, lo que ha llevado al presidente de Estados Unidos a restringir a las compañías del país asiático.

“Después de una significativa interacción con China Mobile, las preocupaciones sobre el aumento de riesgos para el orden público y la seguridad nacional en Estados Unidos no han podido resolverse”, ha afirmado David J. Redl, subsecretario de comunicaciones e información del Departamento de Comercio estadounidense.

En ese sentido, la Administración Nacional de Información y Telecomunicaciones (Ntia, por sus siglas en inglés), dependiente del Departamento de Comercio, ha emitido su recomendación de bloquear la entrada de China Mobile a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), una agencia independiente que se encargará de tomar la decisión final.

El Gobierno de Estados Unidos justifica su intento de bloqueo a China Mobile por razones de seguridad nacional

China Mobile lleva siete años esperando obtener una licencia de operación, desde que la solicitara en 2011. Ahora, la pugna comercial entre Estados Unidos y China ha caído como una losa sobre la compañía asiática. En los últimos meses, la Administración de Trump ha impuesto aranceles por valor de cientos de millones de dólares a los productos provenientes de China.

Aunque se produjo un acercamiento de posturas entre Washington y Pekín, y parecía que ambas partes enterrarían el hacha de guerra, lo cierto es que las tensiones continúan. Ambos países habían comenzado a negociar un acuerdo marco para reducir el déficit estadounidense respecto a China el pasado mayo.

La china ZTE ya sabe lo que es sufrir un boicot por parte del Gobierno de Estados Unidos. La compañía fue vetada por Trump el pasado marzo por exportar (en contra de la legislación estadounidense) equipos de telecomunicaciones a Irán y otros países. La tecnológica alcanzó un acuerdo con la Administración para regresar a suelo norteamericano, con una multa de mil millones de dólares (845 millones de euros) y la dimisión en bloque de sus catorce consejeros.