Justicia mueve ficha: avanza en su digitalización con concursos por más de nueve millones

El Ministerio de Justicia avanza una casilla más en su proyecto de digitalización a golpe de concurso. En los dos últimos meses, el ente público ha sacado a concurso diferentes proyectos relacionados con su transición digital, desde la adquisición de licencias software a la implantación de una solución de virtualización de aplicaciones, por un valor agregado de más de nueve millones de euros.

El proyecto de la digitalización de la Justicia en España lleva ya más de dos años en marcha, si bien su proceso es lento. Desde que entrara en marcha la política de papel cero el 1 de enero de 2016, el Estado ha sacado a concurso distintos proyectos que han caído en manos de grupos tecnológicos como Seidor, Indra, Oracle, Dell, así como empresas como Telefónica, Everis o El Corte Inglés.

En estos últimos dos meses, el Ministerio de Justicia ha reforzado su relación con dos socios techies: las consultoras tecnológicas Sidertia Solutions y Seidor. La primera ha resultado adjudicataria del contrato de la implantación de una solución de virtualización de aplicaciones de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, proyecto por el que el ministerio pagará 5,84 millones de euros (4,87 millones de euros excluyendo impuestos).

Sidertia Solutions y Seidor han conseguido contratos valorados en más de siete millones

Dicho contrato, que tendrá una duración de cinco años, incluye el suministro de licencias de Citrix, la implementación de la solución de virtualización, el servicio de soporte técnico avanzado y asesoría experta, y el mantenimiento de la infraestructura Citrix de la solución de virtualización.

El foco principal del proyecto, señala Justicia en el pliego técnico de la licitación, es “la transformación digital de las aplicaciones Minerva e Inforeg para 13.000 usuarios, junto con la protección de la información que se maneja desde dichas aplicaciones”. De momento, la implantación de escritorios virtuales queda fuera del alcance del proyecto.

Este contrato fue negociado sin publicidad, del mismo modo que lo fue el adjudicado a Seidor en noviembre. La multinacional tecnológica presentó una oferta de 2,77 millones de euros (2,31 millones de euros excluyendo impuestos) para encargarse de la “adquisición mediante entrega complementaria de nuevas licencias, actualización, mantenimiento de productos Microsoft y los servicios asociados”.

El nuevo Gobierno quiere revisar el proyecto de digitalización de la justicia

Todo en el ámbito de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías de la Justicia, que tiene como principal función la provisión de servicios TIC para la modernización del Ministerio de Justicia. Este organismo es, a su vez, responsable del mantenimiento y gestión de LexNet, plataforma en la que el Gobierno se comprometió a invertir 61 millones.

Desde entonces, no obstante, el equipo del Gobierno ha cambiado y el proyecto de la digitalización del Ministerio de Justicia ha pasado también a otras manos. El pasado abril, Dolores Delgado, actual ministra de Justicia, aseguró que el Gobierno iba a revisar el modelo de digitalización implantado por su predecesor, Rafael Català, con el objetivo de detectar carencias y poder desarrollar un nuevo sistema “racional” y “eficaz”. Asimismo, Delgado quiso desvincularse de las prisas y abogó por crear un modelo único que funcionara en todas las comunidades autónomas.

Telefónica, otro de los socios tecnológicos de Justicia

Telefónica es otro de los grupos que en los últimos dos meses ha hecho negocio con el Ministerio de Justicia. La empresa se encargará, por ejemplo, de los servicios de provisión, alojamiento y operación de la plataforma tecnológica de la Agencia Española de Protección de Datos (Aepd) en modalidad de cloud-hosting.

¿El precio? Unos 821.599,6 euros (679.008 euros excluyendo impuestos), según consta en la documentación de la Plataforma de Contratación Pública. La teleco española gestionará también los servicios de telecomunicaciones de la Aepd por 165.770 euros (137.000 euros excluyendo impuestos).