Las llamadas fraudulentas se multiplican en España y Reino Unido
Las llamadas fraudulentas proliferan en España y el Reino Unido, llevando a reguladores a implementar medidas para proteger a los usuarios de estafas telefónicas.
Las llamadas fraudulentas se han convertido en un grave problema que afecta a los usuarios del sector de telecomunicaciones, no solo en España, sino también en otros países como el Reino Unido. Este fenómeno ha desencadenado una ola de llamadas de spam que buscan recolectar datos personales o vender productos y servicios no solicitados. Una práctica que, legalmente, está prohibida.
Identificar estas estafas era más sencillo en el pasado, cuando las llamadas solían provenir de prefijos extranjeros. Sin embargo, los estafadores han aprendido a disfrazar su identidad utilizando números nacionales, lo que les otorga un aire de seguridad adicional ante los usuarios. Conscientes de la magnitud del problema, el regulador de telecomunicaciones del Reino Unido, Ofcom, ha tomado medidas drásticas: se exige a los operadores bloquear las llamadas extranjeras que muestren un número local.
A partir de esta regulación, los proveedores de servicios telefónicos están obligados a identificar y bloquear cualquier llamada desde el extranjero que presente una numeración nacional falsa. BT, uno de los principales operadores del Reino Unido, adelantó esta medida de manera voluntaria y logró evitar que hasta un millón de llamadas fraudulentas ingresaran a su red diariamente durante el primer mes de su implementación.
En España, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública también ha reaccionado ante este problema. En julio, el ministerio anunció un plan de medidas para combatir las estafas telefónicas, que incluye el bloqueo de llamadas y SMS que, a pesar de tener numeración nacional, se originen en el extranjero. Estos esfuerzos buscan restringir las opciones de las empresas que utilizan prácticas de suplantación de identidad para engañar a las víctimas.
El paquete de medidas en España se aprobó tras una consulta pública realizada a principios de 2024, en la que participaron diversas empresas de telecomunicaciones. Aunque estas acciones aún no han entrado en vigor, se espera que ayuden significativamente a proteger a los usuarios y a mitigar el impacto de las estafas telefónicas en el país.