Aena, ‘doble presión’: Uber y Cabify buscan ganar espacio en los aeropuertos ante la negativa del taxi
El operador media con las compañías que operan con licencias VTC para la cesión de zonas de recogida de pasajeros en las terminales. Por su parte, el sector del taxi presiona para evitar que las conversaciones prosperen.
Aena, entre la espada y la pared. El operador se resiste a la cesión de un mayor espacio en los aeropuertos a las empresas que operan con licencias de vehículos de turismo con conductor (VTC), como Uber y Cabify. La presión es doble, ya que estas compañías denuncian que las conversaciones no avanzan por las quejas del sector del taxi.
Desde Unauto, la patronal de las VTC a la que pertenecen ambas empresas, han asegurado a El Economista que llevan meses intentando obtener sin éxito una mayor presencia en los aeropuertos y conseguir una zona de recogida de pasajeros.
“Nos hemos reunido en varias ocasiones con Aena para manifestarle la necesidad de contar con una zona habilitada para dejar y recoger pasajeros en los aeropuertos, así como más espacio para aparcar los coches y visibilidad en las terminales, pero no logramos acercamientos por la presión de los taxistas”, explicó Eduardo Martín, presidente de Unauto, al citado medio.
Aena quiere evitar cualquier tipo de disputa entre el sector del taxi y las empresas que operan con licencias VTC
Desde Aena han reconocido que están negociando con las empresas que operan con licencias VTC. Pese a que se están produciendo diversos encuentros con las mismas, las conversaciones “continúan” sin que se haya llegado a ningún acuerdo. El gestor quiere evitar tensiones y disputas en los aeropuertos a toda costa.
“En las reuniones también hemos hecho partícipes a Aena de las agresiones que sufrimos por parte de los taxistas, pero poco pueden hacer”, aseguró Martín. “La hostilidad en los aeropuertos contra las VTC es constante -insistió el presidente de Unauto-; los taxistas nos bloquean los coches para que no podamos salir y así perder el servicio”.
El mes pasado, el Gobierno aprobó un real decreto para imponer medidas sobre las empresas como Uber y Cabify. Las concesiones de licencias VTC no podrán venderse en los dos años siguientes a su adquisición y las empresas deberán inscribir todos los servicios que contraten sus usuarios en un registro público.