LaLiga potencia su lucha contra la piratería y crea su propia empresa tecnológica

LaLiga se ha convertido en uno de los principales actores en la lucha contra la piratería, y ahora quiere dar un paso más en este ámbito. La asociación de clubes acaba de crear una filial para que las iniciativas desarrolladas a nivel interno puedan comercializarse a terceros. De hecho, el objeto social de la nueva compañía será la de prestar “servicios digitales y tecnológicos, así como la defensa de los derechos de propiedad intelectual”, señalan fuentes internas al diario económico especializado en el negocio del deporte Palco23.

Al frente de la compañía están el presidente, Javier Tebas, y el director general corporativo, Javier Gómez, si bien se espera que esta compañía se nutra sobre todo del trabajo de los departamentos de estrategia digital y, sobre todo, del de integridad y seguridad. En esta último equipo es donde se han creado proyectos que ahora incluso utiliza el Ministerio de Cultura y Deporte para combatir la piratería.

Fuentes de la entidad argumentan que “la creación de esta sociedad da continuidad al proyecto estratégico de LaLiga”, y que desde hace un tiempo ya venían prestando apoyo a los “operadores de televisión para defender los derechos de propiedad intelectual”. Por el momento, no se han precisado nuevos detalles sobre qué cambios provocará la creación de esta nueva compañía.

La empresa se nutrirá sobre todo del trabajo de los departamentos de estrategia digital

El proyecto más ambicioso de Tebas en este ámbito es Marauder, un sistema informático desarrollado directamente por la gestora del fútbol profesional español. Esta aplicación permite combatir en tiempo real el consumo de contenidos ilegales en Internet, gracias a que en su base de datos se insertan todos los fotogramas de un partido. De esta manera, el sistema puede detectar al momento si en una red social se están insertando vídeos con los goles o en un portal se emite el partido de forma fraudulenta. Y directamente se presenta la denuncia.

La efectividad de la herramienta llevó al Ministerio de Cultura a firmar un acuerdo con LaLiga para replicar el sistema, renombrarlo Lumiere y utilizarlo para atajar la problemática de la piratería en el conjunto de la industria audiovisual. Según consta en las cuentas anuales de 2016-2017, sólo ese año se invirtió 1,1 millones de euros en proyectos antipiratería, el volumen de inversión más elevado en un plan concreto tras LaLiga Global Network (1,68 millones) y la internacionalización (1,85 millones de euros).

En 2017, el fútbol español dejó de ingresar 285 millones de euros por el consumo ilegal de contenidos, un impacto negativo que es un 3,8% inferior al registrado en el ejercicio anterior. El número de vídeos fraudulentos se contrajo un 7,5%, hasta 113 millones, mientras que el número de personas que visualizan el fútbol de manera ilegal ha bajado del 21% en 2015 al 16% en 2017. En este periodo, se han bloqueado 12 dominios de páginas web, se han eliminado cerca de 168.000 vídeos en redes sociales y 124 aplicaciones, rozando un porcentaje de eliminación del 98,44%, según expuso en abril el responsable de antipiratería de LaLiga, Emilio Fernández.

Mientras se mantiene la lucha contra el consumo ilegal entre particulares, la patronal también abrirá camino en su cruzada antipiratería contra los establecimientos públicos. Tebas aseguró a finales de mayo que “el 40% de las licencias en este negocio son irregulares” y, aunque públicamente no se sabe cuántas licencias hay, la patronal calcula que deja de ingresar 150 millones de euros. Es decir, más de lo que acordaron pagar Vodafone y Orange cada año entre 2016 y 2019 por los derechos audiovisuales para este segmento (100 millones de euros).

Una de las grandes bazas de la organización en esta lucha ha generado bastante revuelo, ya que consiste en que los usuarios permitan a sus analistas utilizar el audio de sus smartphones para detectar si se produce una emisión irregular en un bar, por ejemplo. El sistema, que ha generado cierta polémica, consiste en la activación del micrófono y el geoposicionamiento de su móvil.

De aceptar el usuario esas condiciones en España, “el micrófono captará el código binario de fragmentos de audio” durante las franjas horarias en que haya partidos. LaLiga asegura que sus técnicos no accederán al sonido real, sino al código que generará automáticamente el aparato antes de enviárselo.

La patronal abrirá camino en su lucha antipiratería contra los establecimientos públicos

“Si este código coincide con un código previo de control, LaLiga podrá saber que está viendo un partido determinado. Si no coincide, el código se elimina”, asegura la asociación, que insiste en que esta tecnología desarrollada con Fluzo ha pasado todas las aprobaciones del departamento legal para asegurarse de que cumple con la nueva ley de privacidad de datos.

Al margen de su trabajo directo, la patronal quiere que operadores de televisión no sean un mero espectador, y que también inviertan recursos en luchar contra esta situación. De ahí que en los pliegos para adjudicar las retransmisiones entre 2019 y 2022 se obligue a los operadores a “poner fin al uso irregular, de carácter fraudulento, que hace un establecimiento público de una suscripción residencial”.

La contratación irregular de los accesos a la televisión de pago no es nueva, y desde hace años se insertan códigos durante las retransmisiones que permiten a los operadores saber si un bar o establecimiento público no está pagando lo que realmente le corresponde a través de observadores. Por poner un ejemplo, Vodafone cobra un mínimo de 275 euros mensuales por el servicio para estos locales, cuando un particular paga unos 80 euros.

LaLiga buscar hacer ver a varias ‘telecos’ el potencial negocio que están perdiendo

LaLiga se guarda un as adicional en la manga, más allá de hacerles ver el potencial negocio que muchos grupos de telecomunicaciones están perdiendo. En los pliegos se indica que se podrá resolver el contrato “en aquellos supuestos en los que, después de haberse proporcionado un plazo razonable para su subsanación, el porcentaje de uso irregular imputable a dicho adjudicatario supere el 5% del total de los abonados”.

Uno de los potenciales licitadores se ha quejado sobre este aspecto porque “no se entiende de qué manera un operador podría controlar y, por tanto evitar, que terceras empresas dedicadas a la instalación de equipos (con las que el operador no tiene relación alguna) realicen instalaciones de carácter residencial en establecimientos públicos”. A este punto, el departamento audiovisual que dirige Melcio Soler ha contestado que “debiera ser sencillo” que las compañías a las que subcontratan este servicio se les indique “la prohibición expresa de no realizar instalaciones de carácter residencial en establecimientos públicos”.

La dirección señala que el objetivo último es “la maximización de los derechos audiovisuales comercializados por LaLiga”, que en 2016-2017 generaron 1.565,9 millones de dólares, frente a los 1.191 millones de 2015-2016. Y el objetivo de Tebas es que a partir de 2019-2020 el alza permita alcanzar los 2.300 millones de euros anuales. En España, deberían ser 1.300 millones de euros, y la respuesta se conocerá el próximo lunes.